“Common lands can serve as a model for addressing ecological challenges”
28 agosto 2021
Colaboración
Un grupo de personalidades, entre las que se encuentran las ex ministras Delphine Batho y Corinne Lepage, subraya, en una columna publicada en "Le Monde", la contribución de los comunales y lamenta que las recientes leyes tiendan a eliminarlos.
Tribuna. La propiedad comunal es una forma original de propiedad de la tierra que se encuentra en la encrucijada del derecho privado y del derecho público, de lo individual y de lo colectivo. En Francia, en cada sistema (por ejemplo, sections de commune, consortages, bourgeoisies, etc.) los derechos de uso o disfrute de los bienes los tienen los titulares de los derechos, sin que éstos tengan derechos de propiedad.
El número de comunales sigue siendo elevado en Francia, a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales. Por ejemplo, las sections de commune, uno de los sistemas más importantes, son numerosas (unas 26.000). Este sistema de propiedad representa un importante patrimonio (bosques, tierras agrícolas y de pastoreo, edificios). El ejercicio de los derechos de uso es el resultado de la gobernanza colectiva para satisfacer las necesidades de todos (agua, calefacción, construcción, alimentación).
Los comunales promueven el desarrollo sostenible de diversas maneras: apoyo a los agricultores, cohesión social, lugares de actividad, servicios de los ecosistemas, preservación del medio ambiente. Francia ha firmado numerosos tratados internacionales que reconocen la acción de las comunidades locales en favor del desarrollo sostenible: la convención de la UNESCO sobre el patrimonio (1972), la declaración de Río (1992) o el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). Además, en aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, Francia apoya las acciones de las comunidades locales de todo el mundo para ayudarles a proteger su acceso a los comunales y facilitar la gestión sostenible de los recursos. Por último, el papel de las comunidades ha sido promovido por el Acuerdo Climático de París (2015).
Fuentes de inspiración
Por otra parte, dentro de sus fronteras, resulta paradójico constatar que estos comunales no se tienen en cuenta, a pesar de que están en el centro del funcionamiento de la ruralidad francesa y forjan su identidad. Mientras que otros países europeos adaptan su legislación para reconocer las funciones de los comunales (Reino Unido en 2006, Italia en 2017), FFrancia sigue una política de racionalización administrativa anticuada que elimina estas formas de propiedad colectiva. La Ley n° 2013-428 de 27 de mayo de 2013 prohibió la creación de nuevas sections de commune y socavó su gestión por parte de las comunidades locales. Más recientemente, se presentó un proyecto de ley en el Senado para promover la disolución de las sections de commune (propuesta nº 182, 2019) sin ninguna reflexión sobre su contribución a los territorios y las poblaciones.
"Las comunidades han demostrado su valía en términos de gestión medioambiental".
Condenar estos sistemas con el argumento simplista de que son una "forma anticuada" dde propiedad o gestión colectiva no conduce a la expresión de una política para el futuro, especialmente en un momento en el que buscamos formas de responder a los desafíos ecológicos y sociales. Con respecto a estos retos, estas prácticas son fuentes de inspiración, ya que las comunidades de usuarios tienen una trayectoria probada en la gestión medioambiental (muchas áreas comunales están declaradas como parte de la Natura 2000, zonas naturales de interés ecológico, faunístico y florístico, ICCA, o situadas en parques naturales). En particular, la importancia de sus bosques parece ser un factor importante para llevar a cabo acciones de interés general: producción silvícola, prevención de riesgos naturales o constitución de sumideros de carbono para luchar contra el cambio climático.
Los comunales pueden servir así de modelo para una sociedad necesitada de soluciones para afrontar los retos ecológicos, sociales y sanitarios. La lucha contra el calentamiento global o la recuperación de la biodiversidad requieren medidas que pueden implicar a varios actores (estados, comunidades locales). Por ello, los comunales pueden contribuir a la aplicación de las "otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas" que apoya el Convenio sobre la Diversidad Biológica y que Francia está testando.
Al no tener en cuenta los comunales en la acción pública, Francia se está privando de activos para cumplir tanto los objetivos de la transición ecológica como los de los acuerdos internacionales que ha firmado.
Entre los firmantes de este artículo de opinión se encuentran los siguientes: Delphine Batho, ex ministro de Ecología, presidente de "Génération Ecologie", diputado por Deux-Sèvres; Nicolas Girod, portavoz nacional del “Confédération Paysanne”; Olivier Hymas, un titular de derecho al común de Mourex (Ain), antropólogo, Universidad de Lausana; Jean-François Joye, Profesor de Derecho Público, Universidad de Savoie-Mont-Blanc; Corinne Lepage, ex ministro de Medio Ambiente; Kristen Walker-Painemilla, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; Gretchen Walters, un titular de derecho al común de Mourex (Ain), antropólogo, Universidad de Lausana. Aquí está la lista completa de signatarios.